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Piden investigación interna policial contra los efectivos que no asistieron a Blas

"A lo largo del juicio se está viendo la pésima actuación policial y que lamentablemente hoy siguen activos. Cumplen sus funciones como si nada hubiese pasado", manifestó Soledad Laciar, la madre de Blas, al anunciar la presentación que realizó acompañada por Fernando Blas Correas y Juan Laciar, el padre y el hermano de la víctima, respectivamente.

La familia de Valentín Blas Correas (17), el adolescente asesinado a balazos durante un control de seguridad en agosto de 2020, realizó una presentación para que el Tribunal de Conducta Policial investigue el accionar de los efectivos que no asistieron al adolescente cuando aún estaba con vida y por el cual están siendo enjuiciados 13 miembros de esa fuerza provincial.

“A lo largo del juicio se está viendo la pésima actuación policial y que lamentablemente hoy siguen activos. Cumplen sus funciones como si nada hubiese pasado”, manifestó a Télam Soledad Laciar, la madre de Blas, al anunciar la presentación que realizó acompañada por Fernando Blas Correas y Juan Laciar, el padre y el hermano de la víctima, respectivamente.

La jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, declaró como testigo ayer en la audiencia del juicio y dijo que, luego de ver las imágenes de los procedimientos, sentía “vergüenza” por el accionar de los policías durante todo el operativo que derivó en la muerte de Blas.

Para la madre de Blas, la definición de la jefa del organismo de seguridad provincial “dejó en claro que todo lo que hizo la policía lo hizo mal”, por lo tanto consideró "necesario que esas conductas se investiguen administrativamente y penalmente".

"Es la única forma de que las cosas cambien”, aseveró la mujer.

El pedido de investigación abarca, al menos hasta el momento, a seis efectivos policiales, no obstante Laciar aseguró que “a lo largo del proceso de enjuiciamiento seguramente van a surgir otros responsables de no haber cumplido con su deber, ni con su responsabilidad ni con su juramento de preservar la vida”.

La madre apuntó particularmente a los efectivos que actuaron cuando interceptaron el automóvil en Chacabuco y Corrientes, con Blas agonizando y “nada hicieron por salvarle la vida.

"Lo dejaron morir. No hubo ni un poco de sensibilidad ni valor por la vida humana. Como dijo la Jefa de la Policía: Hicieron todo mal”, sostuvo al recordar que también hubo “maltrato” hacia la familia cuando exigía respuestas oficiales sobre lo que había ocurrido, añadió.

Al respecto, el abogado Alejandro Pérez Moreno, querellante en representación de la familia Laciar Correas, anticipó a Télam que para la instancia de los alegatos va a solicitar que se “investigue a muchos de los que hoy no están en este juicio y que, con el transcurrir de las audiencias, van quedando en evidencia sobre sus responsabilidades”.

Mientras tanto hoy se realizó la 14° audiencia del juicio en donde los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular escucharon los testimonios de los efectivos policiales sargento Alejandro Sosa, operador de radiofrecuencia y videocámaras de la fuerza de seguridad al momento del hecho criminal.

El suboficial expuso detalles sobre las comunicaciones realizadas entre los puestos de control, móviles y cadena de mandos en la madrugada que fue baleado el Fiat Argo blanco en que se movilizaba la víctima con sus cuatro amigos.

También declaró el oficial principal José Tolosa, quien estaba patrullando en un móvil en la zona sur de la capital de Córdoba cuando ocurrió el hecho y, por frecuencia radial, fue notificado de la persecución al automóvil que se había dado a la fuga de un control policial, colaboró en el procedimiento y ofreció detalles de las distintas etapas en que actuaron los efectivos de seguridad.

Luego de estos testimonios, que se extendieron hasta pasada las 19.30, el debate oral y público pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes 25 de octubre a las 14 para seguir con las exposiciones de las pruebas testimoniales y documentales.

Por otra parte, el tribunal de enjuiciamiento informó que aún quedan pendientes 68 testigos, por lo tanto estimó que las audiencias se extenderán este año por todo el mes de diciembre, además de febrero y marzo de 2023, mientras que para enero habrá receso judicial.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas se hallaba en el Fiat Argo junto a sus cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos llegaron al juicio como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de 'falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público', ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber "plantado" un arma con numeración ‘limada’ para simular un enfrentamiento con los chicos.

Con respecto al arma ‘limada’ la Justicia Federal instruye una causa contra Javier Alarcón y Wanda Micaela Esquivel por el delito de ‘encubrimiento’ por adulteración o supresión de la numeración de un arma de fuego, caso que está en manos del fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian.

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